La precarización laboral, una cuestión de Estado

Por SETRAC

Sector Trabajadores de AC

En estos últimos tiempos recibimos noticias sobre distintas empresas y organismo del Estado en los que se ha procedido a desvincular a un número importante de trabajadores en distintas zonas del país.

En algunos casos se ha tratado de la discontinuidad de contratos que no han sido renovados y en otros la desvinculación de trabajadores que pertenecían a la planta transitoria de dichos organismos o empresas de Estado.

Si bien reconocemos la legitimidad del Gobierno de reorganizar las distintas áreas y mejorar el gasto público haciéndolo más eficiente y mejorando la acción del Estado, también entendemos que cuando actúa como empleador, su responsabilidad es mayor que aquellos del ámbito privado, aún cuando no se encuentren regulados por las mismas normas.

La relación de empleo público se encuentra regulada a nivel nacional y de cada jurisdicción, a diferencia del empleo privado cuya regulación es únicamente nacional, y su estabilidad se encuentra protegida a nivel constitucional.

Sin embargo, durante hace ya muchos años y a lo largo de varios gobiernos, sin distinción de color político, se ha generalizado la cobertura de cargos y funciones propias de la administración a través de locaciones de servicios o de obra y plantas transitorias cuyos términos superan la lógica de tareas puntuales y/o temporales, generando muchas situaciones de injusticia laboral, donde existen trabajadores realizando las mismas funciones o funciones similares pero que no tienen los mismos derechos.

Esto ha generado una precarización del empleo público, avalado por los funcionarios de turno que debiera proteger a los trabajadores frente los abusos de sus empleadores. Los trabajadores contratados por largos períodos se ven privados de los beneficios del salario familiar, las vacaciones y licencias particulares, el aguinaldo y deben hacerse cargo del aporte jubilatorio y a sus obras sociales. Asimismo, dicha precarización impacta sobre el desfinanciamiento del sistema previsional.

El Magisterio Social de la Iglesia siempre ha recordado que las autoridades en su accionar no deben perder de vista que “el bien común es la razón de ser de la autoridad política”[1] y que “para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales”[2], siendo la correcta conciliación de los bienes particulares de grupos y de individuos una de las funciones más delicadas del poder público. Es responsabilidad del Estado fomentar el bien común del país, no sólo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías[3].

La situación requiere de un Estado Inteligente que no solo actué de acuerdo con los procedimientos y técnicas que la ortodoxia económica impone sino que atienda a la totalidad de la complejidad que genera su accionar.

Recientemente, el Papa Francisco ha recordado en su mensaje al Foro Económico Mundial reunido en Davos[4], lo ya expresado en su Discurso al Parlamento Europeo, Estrasburgo, el 25 de noviembre de 2014: “… Se constata amargamente el predominio de las cuestiones técnicas y económicas en el centro del debate político, en detrimento de una orientación antropológica auténtica. El ser humano corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de consumo para ser utilizado, de modo que —lamentablemente lo percibimos a menudo—, cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo se la descarta sin tantos reparos.”.

Cuando las empresas del ámbito privado proponen reestructuraciones internas que impliquen la suspensión o disminución de su personal, el Estado aplica a dichas situaciones el procedimiento preventivo de crisis[5] con el objeto de salvaguardar los derechos de los trabajadores y alivianar el impacto que dichas acciones producen sobre las economías locales, favoreciendo la recalificación y reinserción de los trabajadores despedidos y acompañando dichos procesos con políticas activas de empleo.

Sin embargo, no existe regulación que ampare la situación que atraviesan en estos tiempos los trabajadores que se encuentran siendo desvinculados de empresas y organismos gubernamentales.

El Estado no debe perder de vista, en ningún caso y sin importar el rol que desempeñe, aún en su función de empleador, los principios de bien común, subsidiariedad y solidaridad propios de su accionar.

En su mensaje a los participantes de la 48° Semana Social de los Católicos Italianos, el Papa Francisco reflexionaba: “La dignidad y la protección se mortifican cuando se considera al trabajador como una línea del presupuesto, cuando se ignora el grito de los descartados. No escapan de esta lógica las administraciones públicas, cuando firman contratos con el criterio del descuento más grande sin tener en cuenta la dignidad del trabajo ni la responsabilidad ambiental y fiscal de las empresas. Creyendo lograr ahorro y eficiencia, terminan traicionando su propia misión social al servicio de la comunidad”.[6]

Recientemente en su viaje a la hermana República de Chile nos pedía “…Estemos atentos frente a la precarización del trabajo que destruye vidas y hogares… Y como María digamos: no tienen vino, Señor. Como los servidores de la fiesta (las bodas de Caná) aportemos lo que tengamos, por poco que parezca. Al igual que ellos, no tengamos miedo a «dar una mano», y que nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la justicia sean parte del baile o la canción que hoy podamos entonarle a nuestro Señor…”[7]

Creemos importante hacer un llamado a la reflexión, creemos que estamos a tiempo. Estamos dispuestos a colaborar en un cambio de mirada que permita canales de dialogo que faciliten dar respuesta a los intereses de todos los actores.

Le pedimos a la Virgen de Luján, madre de todos los argentinos, interceda ante su Hijo para que ilumine a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de tomar las decisiones.

[1] CDSI N° 168.

[2] CDSI N° 169.

[3] Ídem 2.

[4]Mensaje del Santo Padre Francisco al Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial (Davos, Suiza, 23-26 de enero de 2018].

[5] Reglado por la Ley de Empleo (Ley N° 24013).

[6]Videomensaje del Santo Padre Francisco a los participantes en la 48 Semana Social de los católicos italianos “El trabajo que queremos. Libre, creativo, participativo y solidario”. Cagliari, 26-29 de octubre de 2017.

[7]Homilía y saludo final del Santo Padre en la Santa Misa de la Virgen del Carmen y oración por Chile Campus Lobito (Iquique), 18 de enero de 2018.